Los autónomos y pymes del campo han reclamado al Gobierno una ley que les dé prioridad en ayudas, acceso al agua y financiación para garantizar la viabilidad de sus explotaciones familiares.

Los pequeños agricultores acusan al Gobierno de dejar en el aire la Ley de Agricultura Familiar. Una norma que, según ellos, debería dar prioridad a las explotaciones familiares en ayudas públicas, acceso al agua, tierra, financiación, innovación y digitalización. La reacción llega después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendiera que sería “inútil” aprobar esta ley antes de concretar la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Para miles de agricultores y ganaderos autónomos, el fondo del debate no es solo político, sino económico: la futura norma podría diferenciar a las explotaciones familiares de otros modelos de mayor dimensión y orientar parte de las políticas públicas hacia quienes trabajan directamente la tierra. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)  sostiene que retrasarla hasta después de la nueva PAC supondría renunciar, de hecho, a un compromiso adquirido por Pedro Sánchez durante su investidura.

La organización agraria considera que la Ley de Agricultura Familiar debe abordar problemas que afectan a autónomos y pymes agrarias, como el relevo generacional, el acceso al agua, la falta de tierra disponible, la financiación o la adaptación tecnológica. “Esta ley debe marcar el paso a Europa, y no al revés”, defendió UPA tras las declaraciones de Planas.

Los agricultores piden que las explotaciones familiares tengan prioridad en ayudas, agua y financiación

La principal reivindicación de esta y otras agrupaciones agrarias es que la futura ley reconozca la agricultura familiar como modelo prioritario dentro del sector agrario y del medio rural. En sus propuestas, plantean que esta figura no se defina solo por criterios económicos, sino también por el trabajo aportado por la familia, la vinculación al territorio y el tamaño de la explotación.

Según UPA, la agricultura familiar es aquella gestionada y trabajada principalmente por la familia, con residencia e implicación en el territorio donde se ubica la explotación. También incluye explotaciones con trabajadores contratados, pero siempre que la gestión, la inversión y la actividad estén ligadas al territorio.

El punto más práctico para autónomos y pymes agrarias está en la llamada “prioridad familiar”. Los pequeños agricultores reclaman que las administraciones tengan en cuenta esta condición en la distribución de ayudas, concesiones hídricas, acceso a tierras, programas de innovación, digitalización y financiación pública.

De hecho, UPA sostiene que existen “muchas formas de apoyar a las explotaciones de carácter familiar” y que el problema “es de voluntad política”: “Cuando no existe esta, sobran las excusas”, señalaron sus dirigentes, que ven grave que el Gobierno enfríe una norma que el sector lleva más de una década reclamando.

UPA quiere diferenciar al agricultor profesional de los grandes propietarios

Esta organización no plantea la ley como una simple trasposición de la PAC, sino como una norma estatal con capacidad para ordenar prioridades propias. La organización recuerda que España ya marcó camino en otras materias, como la Ley de la Cadena Alimentaria o la Ley de Titularidad Compartida.

En materia de ayudas, UPA propone diferenciar entre quienes trabajan directamente la explotación y quienes reciben apoyos por la mera propiedad o dimensión de la tierra. Entre sus planteamientos figuran techos máximos para distintos tipos de ayudas, mecanismos redistributivos y una fiscalidad más favorable para la pequeña y mediana explotación familiar.

La organización también reclama medidas para facilitar el relevo generacional, una cuestión sensible para explotaciones familiares sin sucesores. En sus propuestas, UPA vincula esta ley con la incorporación de jóvenes, el liderazgo de mujeres rurales, el impulso de la titularidad compartida y la mejora del acceso a la financiación.

Otra línea planteada se refiere a la diversificación de la actividad agraria y al asociacionismo. UPA defiende que las explotaciones familiares puedan apoyarse en fórmulas colectivas para reducir costes, mejorar su posición comercial y adaptarse a exigencias difíciles de asumir a pequeña escala.

El retraso reabre el debate sobre el futuro de las explotaciones familiares

La controversia llega después de que el Gobierno abriera entre marzo y abril de 2025 un periodo de consulta pública antes de concretar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes. Para los pequeños agricultores, aquel paso alimentó la expectativa de que la norma pudiera avanzar en esta legislatura.

Las reuniones mantenidas recientes entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura ya incluían esta reclamación. En dichos encuentros, UPA ha pedido reiteradamente agilizar una ley que consideraba “imprescindible y urgente” y defendió que su tramitación no debía vincularse a la reforma de la PAC.

Fuente: Autónomos y Emprendedor