El Consejo de Ministros de hoy martes aprobará el Estatuto del Becario, una ley que aumentará los costes de las pymes y autónomos que contraten a un estudiante en prácticas. Aún así, tendrá que superar todavía el trámite parlamentario.

El Gobierno dará hoy martes un nuevo paso en la regulación de las prácticas formativas en empresas con la aprobación en segunda vuelta del Estatuto del Becario en el Consejo de Ministros. Se trata de una norma que llevaba más de dos años en negociación y que, tras su visto bueno definitivo en el seno del Ejecutivo, será remitida al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

El texto, según el propio Ministerio de Trabajo, busca poner fin a los abusos detectados en ciertas empresas con becarios, especialmente en aquellos casos en los que los estudiantes cubren puestos estructurales sin una verdadera finalidad formativa. Para ello, la norma delimita las actividades formativas, refuerza el control de la Inspección de Trabajo y establece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros.

Sin embargo, más allá del objetivo declarado de combatir los llamados “falsos becarios”, autónomos y pequeñas empresas advierten de que la nueva regulación implicará un aumento directo de costes. A las cotizaciones ya vigentes desde 2024 se sumarán nuevas obligaciones, como la compensación de gastos o mayores exigencias organizativas, lo que podría reducir la oferta de prácticas en sectores clave como la hostelería, el comercio o el turismo.

El Consejo de Ministros aprueba el Estatuto del Becario, que disparará los costes de autónomos y pymes

La aprobación en segunda vuelta del Estatuto del Becario supone la validación definitiva del texto dentro del Gobierno antes de su envío a las Cortes Generales. Aunque el Ejecutivo ya dio luz verde al anteproyecto en noviembre, la norma no había completado todavía todos los informes preceptivos ni el proceso interno de revisión.

Con este paso, el Gobierno activa la tramitación parlamentaria de una ley que introduce cambios relevantes en la regulación de las prácticas no laborales en empresas. Entre otras medidas, fija límites más estrictos a las prácticas extracurriculares –que no podrán superar las 480 horas–, refuerza la tutela del estudiante y establece nuevas obligaciones para las empresas que acojan becarios.

Uno de los elementos más destacados del texto es el endurecimiento del régimen sancionador. Las empresas que incumplan la normativa podrán enfrentarse a multas que, en los casos más graves, oscilarán entre 120.000 y 225.000 euros. Estas sanciones se aplicarán, por ejemplo, cuando se utilicen becarios para sustituir trabajadores o se produzcan situaciones de discriminación.

Además, el Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha de un “Buzón de las personas becarias”, una herramienta que permitirá a estudiantes y ex becarios denunciar de forma directa posibles irregularidades ante la Inspección de Trabajo, lo que incrementará previsiblemente la presión inspectora sobre las empresas.

Faltará todavía el visto bueno del Parlamento

Pese a esta aprobación en Consejo de Ministros, el Estatuto del Becario aún está lejos de entrar en vigor. Al tratarse de un proyecto de ley, deberá ser debatido y aprobado en el Congreso y el Senado, un proceso que no está garantizado en el actual contexto político.

La norma llega al Parlamento en un momento de especial debilidad para el Ejecutivo, tras las dificultades para sacar adelante otras iniciativas recientes. La falta de apoyos suficientes podría traducirse en enmiendas, retrasos o incluso en el bloqueo del texto.

Autónomos y pymes deberán compensar los gastos de sus becarios además de las cotizaciones

Más allá del debate político, el principal impacto del Estatuto del Becario se dejará sentir en el plano económico. La norma introduce nuevas obligaciones que incrementarán el coste de incorporar estudiantes en prácticas, especialmente para autónomos y pequeñas empresas.

Estos negocios, que tradicionalmente han utilizado las prácticas como una vía de formación y captación de talento, deberán ahora asumir una serie de gastos adicionales que, en algunos casos, podrían hacer inviable mantener estos programas.

Compensación obligatoria de gastos y nuevos costes directos

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de compensar los gastos en los que incurra el becario como consecuencia de su actividad formativa. Esto incluye, entre otros, los costes de desplazamiento, alojamiento o manutención.

Hasta ahora, esta compensación era voluntaria en muchos casos. Con la nueva normativa, pasará a ser obligatoria, independientemente de que las prácticas sean remuneradas o no. Para sectores como la hostelería o el turismo, donde los estudiantes suelen desplazarse o requieren manutención, este punto puede suponer un incremento significativo del coste por becario.

A este gasto se suman las cotizaciones a la Seguridad Social, obligatorias desde enero de 2024. Aunque cuentan con una bonificación del 95%, siguen suponiendo un coste para las empresas de alrededor de 200 euros anuales por becario en prácticas remuneradas, y algo menos en las no remuneradas.

La combinación de cotizaciones y compensaciones puede elevar de forma notable el coste total de cada estudiante en prácticas, reduciendo el incentivo para que autónomos y pymes sigan ofreciendo estas oportunidades.

Más control, límites y riesgo de sanciones

El Estatuto no sólo incrementa los costes directos, sino también las obligaciones formales y el riesgo regulatorio. La norma refuerza el control sobre las prácticas, con el objetivo de evitar que se utilicen como una fórmula de empleo encubierto.

Entre otras medidas, se establecen límites más estrictos al número de horas de prácticas y se exige una mayor supervisión por parte de tutores tanto en la empresa como en el ámbito académico. Además, se refuerza la intervención de la Inspección de Trabajo, que contará con nuevas herramientas para detectar irregularidades.

El endurecimiento del régimen sancionador añade un elemento de riesgo adicional. Las multas, que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves, suponen una amenaza significativa para pequeños negocios que, en muchos casos, carecen de estructura administrativa suficiente para gestionar correctamente todas las obligaciones.

Este nuevo marco normativo se suma a otros costes impulsados por el Ministerio de Trabajo, como las subidas del salario mínimo, el refuerzo de las indemnizaciones por despido o el futuro control horario digital, que podría imponerse este año. 

Fuente: Autónomos y Emprendedor