Una reforma fiscal que se tramita en el Senado podría suponer un ahorro de 700 millones de euros para los 252.859 autónomos del sector agrario, que pueden ver ampliado el sistema de módulos, beneficiarse de nuevas deducciones y aprovechar medidas para reducir la burocracia. 

El Senado debate una propuesta que busca modificar la fiscalidad de los autónomos agricultores y ganaderos de España. La propuesta afecta directamente a los 252.859 trabajadores por cuenta propia del sector agrario, que, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, conforman el 7,6% del total de los autónomos del país.

La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, plantea cambios en el régimen de tributación con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre agricultores y ganaderos y fomentar de ese modo su competitividad. Sus impulsores estiman que, de aprobarse, la medida supondría un ahorro de hasta 700 millones de euros.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la ampliación del umbral de ingresos para el régimen especial de tributación en módulos. En la actualidad, los autónomos del campo pueden acogerse a este sistema si sus ingresos no superan los 250.000 euros, pero la nueva norma plantea elevar ese límite hasta los 325.000 euros anuales. De este modo, más autónomos agricultores y ganaderos podrían seguir beneficiándose de este sistema fiscal simplificado.

La propuesta permitiría a los autónomos del campo tributar por módulos hasta 325.000 euros de facturación

Otra medida relevante es el incremento del listón de gastos para la estimación objetiva en el IRPF. En la actualidad, dichos gastos no pueden superar los 250.000 euros a lo largo del ejercicio. La reforma propone elevar ese umbral hasta los 325.000 euros, lo que permitiría a muchas explotaciones seguir tributando por este método sin necesidad de pasar a estimación directa.

El proyecto también introduce una mayor flexibilidad en el cálculo del umbral de facturación. En lugar de considerar únicamente los ingresos del último ejercicio, como hasta la fecha, se permitiría tomar la media de los tres últimos años. Esta medida busca evitar la casuística propia del campo: que un año excepcionalmente bueno obligue a un autónomo agrario a tener que salir del sistema de módulos y pasar a un régimen fiscal menos ventajoso.

Además, para mejorar la liquidez de los autónomos agrarios, la propuesta plantea un incremento en los porcentajes de compensación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El objetivo es que el IVA soportado en las compras pueda ser compensado de manera más efectiva, reduciendo el impacto financiero de este gravamen en la operativa diaria de los autónomos con explotaciones agrícolas y ganaderas.

Además, se incluye una deducción específica para inversiones en maquinaria agraria. Según la propuesta, los autónomos del campo podrían deducirse o compensar íntegramente el IVA de las inversiones realizadas en equipos en los últimos tres años. Lo que sin duda facilitaría la necesaria modernización de sus explotaciones.

Otro aspecto que contempla la reforma que debate el Senado es una deducción en la cuota del IRPF por la contratación de seguros agrarios. De aprobarse sin cambios, ésta permitiría a los titulares de explotaciones agrarias o ganaderas deducir el 25% de las primas pagadas por la suscripción de seguros de uno (agrícolas) u otro tipo (ganaderos). Una medida estudiada atendiendo las quejas del sector, con el fin de fomentar la cobertura ante riesgos climáticos y de mercado.

En los últimos seis años, el número de autónomos agrarios se ha reducido en 15.338 personas

La propuesta también prevé que determinadas ayudas directas a agricultores y ganaderos queden exentas de tributación. En la actualidad, algunas de estas ayudas forman parte de la base imponible del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, algo que cambiaría con la aprobación de esta normativa.

Tal vez, uno de los puntos que más debate está generando en la Cámara Alta es la reducción de trabas burocráticas para el sector agrario. El texto establece que, en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor, se revisarían los trámites administrativos para identificar y eliminar aquellos que resulten innecesarios o redundantes, simplificando la carga documental para los autónomos del campo; en línea con las últimas políticas de la Comisión Europea, basadas en el Informe Draghi.

Esta propuesta de Ley de Fiscalidad Agraria llega en un momento en el que el sector agrario atraviesa por ciertas dificultades; que ahora puede ahondar la guerra comercial que desatarían los aranceles de la administración Trump. En especial para productos como el aceite de oliva, el vino o las legumbres, que ven peligrar 3.500 millones de euros en exportaciones.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos seis años, el número de autónomos agrarios se redujo en 15.338 personas. Lo que refleja una tendencia sostenidamente descendente en la actividad del sector primario.

El envejecimiento de los agricultores es otro factor que preocupa a las asociaciones del sector. Se calcula que, en algunas regiones, el 35,6% de las explotaciones están dirigidas por personas de 65 años o más, lo que dificulta el necesario relevo generacional, con la incorporación de jóvenes y la modernización del campo.

La propuesta está en trámite y, de aprobarse, pasará al Congreso

La iniciativa ha sido recibida de forma desigual. Con escepticismo por parte de algunos partidos. Así, desde la oposición se argumenta que muchas de las medidas ya han sido aplicadas en reformas anteriores y que el impacto real de la propuesta sería limitado.

Por su parte, las organizaciones agrarias solicitaron más claridad sobre cómo se aplicarán los cambios y qué impacto tendrán en la rentabilidad de las explotaciones. Aunque valoraron positivamente la reducción de carga fiscal, advierten que sin medidas complementarias para mejorar los precios de origen y reducir los costes de producción, la reforma puede resultar insuficiente.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la fase de tramitación en el Senado, donde deberá ser discutida y votada. Si el texto recibe luz verde en la Cámara Alta, pasará al Congreso de los Diputados para su debate y posible aprobación definitiva. En este punto, podrían introducirse modificaciones a través de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

El proceso legislativo aún está en sus primeras etapas, lo que implica que su aprobación definitiva podría retrasarse al verano. Además, el hecho de que el Partido Popular no cuente con mayoría en la Cámara Baja hace que la propuesta deba negociarse con otros grupos para asegurar su viabilidad. Y en función del consenso alcanzado, la reforma podría ver modificados algunos de sus puntos clave antes de su aprobación final.

Fuente: Autónomos y Emprendedor