El SMI a 1.100 euros en 2023, de objetivo de sindicatos a oposición de las empresas. Por esto se necesita un pacto de rentas urgente

El objetivo del Gobierno era acabar su legislatura situando el SMI en cuatro años en un 60% del salario medio tal y como recomendaba la Unión Europea. Esto situaba el SMI alrededor de los 1.060 euros en 2023, un incremento muy importe a salvar. Actualmente se encuentra en los 1.000 euros, una cifra simbólica, pero que ahora parece insuficiente.

Porque nadie contaba con una espiral inflacionista como la actual. Por eso los sindicatos ya reclaman una subida del SMI a los 1.100 euros mientras que las empresas se niegan en rotundo. Y esta es una de las razones por las que se necesita un pacto de rentas urgente.

¿Qué reclaman los sindicatos?

Las organizaciones sindicales no dejan de reclamar algo que tiene todo el sentido. Que las rentas más bajas, aquellas que están referenciadas al SMI, no pierdan poder adquisitivo. Una subida de un 10% para mantener el estatus anterior.

Para ellos la subida prevista de 60 euros, y situar el SMI en 1.060 euros supondría que estos trabajadores van a perder poder adquisitivo, precisamente aquellos que tienen menos margen de maniobra para cuadrar sus cuentas a final de mes.

¿Por qué se niegan las empresas?

No es posible asumir una subida del 10%. De hecho, acordar una subida del SMI a 1.060 euros ya parece algo muy complicado. Si tenemos en cuenta que la última subida del SMI que lo situó en los 1.000 euros no fue pactada con los representantes de las empresas.

Por eso, la subida que se reclama a 1.100 euros es inasumible para las empresas, más teniendo en cuenta otras cuestiones que se han puesto encima de la mesa como un SMI asimétrico dependiendo del territorio.

El argumento para negarse a dichas subidas es sencillo. Subir los salarios sería contraproducente tanto para las empresas como para los trabajadores. Por un lado, la empresa tendría más gastos, por lo que al final tendría que subir precios, lo que provoca una espiral inflacionista que hace que los empleados al final tengan un menor poder adquisitivo aunque les hayan actualizado sus salarios. 

Se apoyan en los datos que indican que hasta ahora la subida de la inflación no se debe a un aumento de salarios y del gasto, sino de energías y materias primas. Pero con una revisión generalizada en función del IPC esto podría cambiar en 2023 y mantener una inflación alta durante mucho más tiempo. 

El pacto de rentas como solución

Algo que vienen reclamando desde muchos sectores, y que no solo afectaría a los que menos ganan es un pacto de rentas. El problema es que la situación es muy complicada a corto plazo. 2023 es año electoral y no es sencillo llegar a un pacto de este tipo que implique a agentes sociales como a partidos políticos. 

Esta es una solución que la única fórmula que puede hacer que funcione es el mandato de la UE para lograr estabilizar la economía y no hacer que la tan temida recesión se prolongue por mucho más tiempo del debido. 

Para las empresas son malas noticias. Muchas todavía arrastran problemas de la crisis del COVID y el verano parece que solo ha sido un espejismo. Las que no hayan hecho bien los deberes se verán en problemas a corto plazo.

Fuentes: Pymes y Autónomos

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En el marco del proyecto de cooperación regional LEADER, +Empresas +Empleo +Rural, el Grupo de Investigación Rural (GIR) Mundo Rural de la Universidad de Valladolid, con participación de la Universidad de Burgos, han realizado un estudio de la situación de las empresas rurales, con objeto de diagnosticar la situación actual del tejido económico y la coyuntura de 2020 y relacionarlos, sobre todo, con los procesos de ocupación y dinámica demográfica de los espacios analizados.

Se trata de 11 espacios rurales, correspondientes con los GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL cooperantes al proyecto, que tienen perfiles muy diferentes: desde espacios de la montaña cantábrica, a la vertiente septentrional de la Cordillera Central, pasando por los territorios de la Ibérica, a los que se han sumado espacios de llanura interior de Castilla y León.