El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, avanzó que el borrador de la ley que pretende la reducción de la jornada incluirá la obligación para los negocios de todos los tamaños de tener un registro horario digital y conectado con la Inspección. De salir adelante el acuerdo, la medida podría entrar en vigor en menos de un año.
El Ministerio de Trabajo sigue adelante con su intención de que todos los autónomos y pequeños negocios, sin excepción, implanten un registro de jornada que sea electrónico y además que permita la conexión y acceso en tiempo real a la Inspección. Así lo confirmó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en su intervención tras la vuelta a las negociaciones con patronal y sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Esta obligación, según distintas fuentes consultadas, dependiendo del progreso de la negociación y del trámite legislativo que lleve, podría estar lista en menos de un año.
Como ya avanzó este diario, el pasado lunes se retomaron tras el parón estival las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y patronal para reducir la jornada a 37,5 horas semanales. En este encuentro, el Ejecutivo propuso a los agentes sociales una batería de medidas con el objetivo de atraer a los empresarios y agilizar la aprobación de la reforma. Entre ellas, se encontraría una bonificación para los contratos que se realicen para cubrir las horas libres por la reducción de jornada, y un plan de asesoramiento para compensar los efectos de esta medida entre los negocios más pequeños.
Dentro del borrador que pretende aprobar el Gobierno para la reforma de la jornada laboral no sólo se incluye la reducción de las horas de trabajo, sino también otras medidas que afectarán al registro horario obligatorio. El documento incluye la obligación para los autónomos y empresas con trabajadores a incorporar un programa para controlar las horas de sus empleados al que, además, podrá acceder la Inspección de Trabajo de forma remota.
Según se desprende de las últimas declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, esta medida no sólo seguiría dentro del texto que se está negociando, sino que además afectaría a todos los negocios con trabajadores, independientemente de su tamaño o sector. Dentro de las medidas que plantea el Ejecutivo para compensar la reducción de la jornada entre los autónomos y pymes, también se incluiría todo un plan de asesoramiento, acompañamiento y quizás apoyo económico para la implantación del registro horario digital.
Trabajo quiere que todos los autónomos y negocios tengan un registro horario al que pueda acceder directamente la Inspección
De salir adelante el borrador que plantea el Gobierno, todos los trabajadores por cuenta propia sin excepción tendrían que dejar de hacer su registro de la jornada en papel y adquirir un programa digital para controlar las horas de sus trabajadores.
Además, el documento va un paso más allá y prevé que la Inspección de Trabajo pueda acceder de manera “remota”, es decir, a distancia y sin necesidad de una visita presencial, al registro horario de los trabajadores. Esto, previsiblemente se desarrollaría a través de un reglamento posterior que obligaría a los fabricantes y proveedores a empezar a vender softwares que permitan un intercambio instantáneo de información con la Inspección de Trabajo.
Según explicó el pasado lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para asegurar que todos los negocios puedan tener un registro digital y accesible a la inspección, “vamos a llevar a cabo mecanismos de formación, acompañamiento, asesoramiento y apoyo para la implantación de un registro horario eficaz en las pequeñas unidades productivas de nuestro país”.
Si bien es cierto que Pérez Rey no hizo referencia a ayudas económicas específicas para la implantación de estos programas, lo cierto es que distintos expertos coinciden en la necesidad de que esta obligación vaya acompañada también de subvenciones para que el tránsito al registro digital no suponga más sobrecostes para los autónomos. El precio medio de estos softwares digitales para registrar las horas de los trabajadores oscila entre 50 y 200 euros al año, pudiendo superar los 400 euros en el caso de que el negocio tenga muchos empleados o necesite medios de fichaje más avanzados.
Plan de “acompañamiento y asesoramiento” para implantar el nuevo registro de jornada
Según explicó el Secretario de Estado de Trabajo, el borrador actual completa el perímetro total de la negociación: “reduciremos la jornada, lo haremos con un plan específico de acompañamiento a las pequeñas empresas, dando una solución integral y mejoraremos el registro horario con un instrumento que sea accesible para la Inspección, que sea electrónico, que sea fiable, que no permita su manipulación”.
En este sentido, apuntó que el ‘Plan Pymes 375’ para acompañar a los pequeños negocios en la reducción de la jornada también prevé “mecanismos de formación, acompañamiento, asesoramiento y apoyo para la implantación de un registro horario eficaz en las actividades más pequeñas de nuestro país. Es lo que requieren este millón y medio de empresarios y autónomos con pocos empleados”.
El cambio para implantar la nueva obligación de registro digital podría entrar en vigor en 2025
El Ministerio de Trabajo ha venido insistiendo en los últimos meses en su intención de alcanzar “cuanto antes” el acuerdo para reducir la jornada a 37,5 horas, en el que también iría incluida la nueva obligación de registrar las horas de los empleados de manera digital y en un programa al que tenga acceso la inspección.
De momento, las negociaciones siguen en marcha pero la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya mostró su inquietud por esta reforma que aumentará los costes de muchos negocios, especialmente de los más pequeños y de algunos sectores como los servicios o el comercio al por menor, que tendrían que contratar a un nuevo empleado para suplir el tiempo de trabajo que reducirían de sus otros trabajadores.
Para acercar a la patronal y conseguir cuanto antes el acuerdo, el Ministerio de Trabajo propuso este lunes varias medidas “compensatorias” como la bonificación para nuevos contratos suscritos para cubrir el tiempo que dejen de trabajar los empleados, así como el plan pyme 375 para el acompañamiento de los pequeños negocios en este tránsito.
Aún no se conoce la postura de la patronal sobre este nuevo borrador, aunque ATA ya dijo que estas bonificaciones no deberían ir tan sólo dirigidas a las nuevas contrataciones. Sin embargo, y de alcanzarse en estos meses el acuerdo, como pretende el Gobierno, la nueva obligación de registro de jornada que iría incluida en la reforma podría entrar en vigor a mediados o finales de 2025.
Dependerá de si se aprueba como real decreto o como proyecto de ley
Según explicó a este medio José Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), “es difícil aún saber cuándo entraría en vigor esta medida, siendo que no hay acuerdo y, en caso de haberlo, la reforma podría llevar distintos cauces”.
En cualquiera de los casos, cambiar la obligación del registro de jornada supondría reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este deber. Para ello, según Piñero, habría dos posibles cauces: el primero sería mediante Real-Decreto Ley, que suele ser el más rápido, pero que en principio sólo se debería usar en casos de necesidad y urgencia.
El segundo cauce, la tramitación como proyecto de ley, sería el más habitual para este tipo de cambios y su duración depende de varios factores. “Básicamente consiste en enviar al Congreso el texto, se abrirá un plazo de enmiendas, se creará una comisión específica que lo analizará y se votará después en Parlamento. El tiempo que dura este proceso depende de la actividad parlamentaria, pero la media suele estar entre los seis meses y el año”.
Por lo tanto, y siempre que se alcanzara el acuerdo antes de final año y se enviara el texto actual al parlamento antes de fin de año, podría ser que entre mediados y finales de 2025 los autónomos ya tuvieran que empezar implantar los programas de registro de jornada electrónicos y dar acceso remoto a la Inspección de Trabajo.
Fuente: Autónomos y Emprendedor
