El Informe de Progreso 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible publicado por el Gobierno destaca la necesidad de seguir avanzando en las medidas de la Agenda 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Progreso 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un informe que, si bien pone de manifiesto todos los avances llevados a cabo por nuestro país en materia de políticas transformadoras, señala a este año 2023 como “bisagra” entre los logros conseguidos y el camino que falta por recorrer hasta los objetivos del 2030.

Además, coincidiendo con el final de la legislatura, este documento sirve como balance de las medidas implementadas por el Gobierno en línea con los avances que plantea la Agenda 2030.

Como ya se señaló en el Informe de Progreso de 2022, “España ha alcanzado su velocidad de crucero en la adopción de medidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En un contexto global complejo, nuestro país puede y debe aspirar a jugar un papel destacado en las transformaciones necesarias para abordar los retos pendientes. Para ello es necesario seguir impulsando las políticas aceleradoras y las prioridades de actuación que compromete la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, así como continuar fortaleciendo la colaboración con todos los niveles de la administración y favorecer también la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. La meta final es construir sociedades más justas, más sostenibles y más democráticas en todo el mundo.”

Durante este año 2023 se ha continuado progresando en buena parte de las políticas aceleradoras. Algunas señaladas por el Informe son la Ley por el derecho a la vivienda, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTB; la ley de refuerzo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones; la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los compromisos de la Carta Social Europea o los diferentes reales decretos para hacer frente a los impactos de la guerra en Ucrania son solo un ejemplo de esto.

Según señala el texto, todas estas normas suponen “un refuerzo al programa ya iniciado por otras medidas que estructuran la labor del Gobierno en términos de aplicación de la Agenda 2030, como son la Ley de cambio climático y transición energética o el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”.

En referencia al balance de la legislatura, el documento señala que en estos últimos cuatro años, España ha dado “un verdadero salto de gigante en lo que a la aplicación de la Agenda 2030 se refiere”. Según señala, el “elemento clave” para ello fue la aprobación de la EDS 2030, seis años después de la aprobación de la Agenda 2030 por Naciones Unidas, que se ha constituido como la hoja de ruta “ineludible” para llevar a cabo una transformación estructural del modelo de desarrollo español.

En cuanto a datos y cifras concretas, se observa que en lo relativo al ‘Reto 1. Acabar con la pobreza y la desigualdad’, a finales de 2022 la tasa de riesgo de exclusión social (Tasa AROPE) se había reducido a niveles inferiores a 2019, a pesar de la pandemia. También los indicadores de desigualdad han descendido en el pasado 2022 hasta cifras de 2008, año de referencia del inicio de la crisis financiera internacional. En un solo año, dicho indicador ha experimentado un descenso de un 9,7%, evidenciando una notable reducción de la desigualdad en el último año.

Por su parte, el índice de Gini, indicador que mide la desigualdad a lo largo del conjunto de la distribución de la renta, se ha situado, en el año 2022, en 32 puntos, que constituye el nivel más bajo de todo el período para el que existen datos (año 2008), habiendo experimentado una reducción de un punto porcentual en solo un año, y de 2,6 puntos si tomamos como referencia el año 2015.

En cuanto al ‘Reto 2. Hacer frente a la emergencia climática y ambiental’ el Informe señala que, en el año 2022, se estima España tiene una huella ecológica de 3,9 hectáreas globales (gha) situándose su déficit ecológico en 2,2 gha, después de varios años de descenso desde 2008, situándose según las estimaciones en cifras menores respecto a la cifra punta de 2018, en especial desde el año 2020, unido también a un incremento de la biocapacidad en los últimos ejercicios estimados.

Por otro lado, hace falta un impulso mayor a las renovables, puesto que, según los datos de Red Eléctrica de España, en todo 2022, la producción renovable supuso el 42,2% del mix nacional, con la eólica como segunda fuente de generación (22,2% del total) y la solar fotovoltaica como la cuarta (10,1%). Estas cifras se sitúan por debajo del anterior record de 2021 del 46,7% de la generación a partir de fuentes renovables. No obstante, 2022 supuso el record histórico de generación eólica (un 1,2% más que en 2021) y fotovoltaica (un 32,6% más que en 2021), mostrando la tendencia creciente de estas tecnologías. Por su parte, la energía hidráulica fue la causante del retroceso de las energías renovables en la generación de electricidad, cerrando 2022 con solo un 6,5% la menor cifra en tres décadas, debido a la escasez de lluvias.

El ‘Reto 3. Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación’ muestra como la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha mejorado sustancialmente en los últimos años, aunque persisten aún posiciones destacadas en las formas precarizadas de contratación, como la parcialidad, la temporalidad o la retribución, que evidencian la persistencia de brechas de género.

España ha obtenido una puntuación de 74,6 puntos sobre 100 en el Informe correspondiente al año 2022, alcanzando la sexta posición en el Índice Europeo de Igualdad de Género, el mismo puesto que en 2021 en que obtuvo una puntuación de 73,7 puntos. Estos datos nos sitúan 6,0 puntos por encima de la media para el conjunto de la UE (68,6) y supone un incremento de 0,9 puntos desde 2019. Esta evolución implica que, entre 2010 y 2020, España ha aumentado 8,2 puntos progresando hacia la igualdad de género a un mayor ritmo que la media europea. No obstante, cabe destacar que, desde el año 2003, momento en el que se comienzan a recabar datos oficiales, 1.206 mujeres han muerto como consecuencia de la violencia machista, lo cual evidencia la gravedad de la situación que todavía enfrentamos.

En cuanto a la situación económica recogida en el ‘Reto 4. Superar las ineficiencias de un sistema económico dependiente y excesivamente concentrado’, destaca el repunte de la aportación de la industria la PIB español que ha pasado de aportar el 15,8% en 2019 a aportar el 17,6% en 2022, una cifra mayor que en cualquier otro año desde 2015. Este crecimiento se corresponde con la relevancia que la política industrial adquiere al afrontar este Reto País. En suma, España está consiguiendo diversificar su modelo productivo tal y como se desprende de la evolución de la aportación al PIB de sectores productivos desde 2015, principalmente por el aumento de la industria y de los servicios de alto valor añadido.

Aunque todavía queda trabajo para la reversión de la crisis de los servicios públicos, el informe señala en su Reto 6 el “esfuerzo público” en protección social de España, que en el año 2021 supuso un 15% más que en el año 2015, frente al 6,8% de la UE-27 y el 8% de los países de la zona euro. Además, desde la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia, el número de personas atendidas por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en 256.065 personas, lo que supone un 24% más que en 2020, hasta un total de 1.340.272 personas.

Sobre educación, conforme a los datos de avance correspondientes al curso 2022/2023, el número de niños y niñas de 0 a 3 años escolarizados ha aumentado un 6,8% con respecto al curso anterior, lo que significa 29.919 niños y niñas más. Con ello, la tasa de escolarización se sitúa en el 45,6%, su nivel más alto desde que existen datos. Aun así, en Sanidad, y según los últimos datos disponibles, el gasto público total de España en esta materia en el año 2021, representó el 7,3% del PIB, lo que nos sitúa aún por debajo de la media europea (8,1%), pero mostrando una tendencia que disminuye la distancia existente en los años previos al estallido de la pandemia.

Estos son algunos de los datos más destacables que, según el Informe, constatan que el futuro del desarrollo sostenible se juega en “la próxima década”. “De cómo organicemos la sociedad, la economía y la política para hacer frente a los retos sobre sostenibilidad, desigualdad y transición productiva dependerá que en la segunda mitad del siglo XXI el conjunto de la humanidad conviva en un planeta sostenible y capaz de asegurar las condiciones para una vida digna y plena de todas las personas que viven en él”, señala el texto.

Fuente: Red Española de Desarrollo Rural

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En el marco del proyecto de cooperación regional LEADER, +Empresas +Empleo +Rural, el Grupo de Investigación Rural (GIR) Mundo Rural de la Universidad de Valladolid, con participación de la Universidad de Burgos, han realizado un estudio de la situación de las empresas rurales, con objeto de diagnosticar la situación actual del tejido económico y la coyuntura de 2020 y relacionarlos, sobre todo, con los procesos de ocupación y dinámica demográfica de los espacios analizados.

Se trata de 11 espacios rurales, correspondientes con los GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL cooperantes al proyecto, que tienen perfiles muy diferentes: desde espacios de la montaña cantábrica, a la vertiente septentrional de la Cordillera Central, pasando por los territorios de la Ibérica, a los que se han sumado espacios de llanura interior de Castilla y León.