El secretario general de UGT cree que cualquier desempleado que no acepte un puesto debería perder la prestación
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió ayer al Gobierno que endurezca su posición con las ayudas públicas, de forma que cualquier parado o beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que rechace un puesto de trabajo, cuando venga unido de la formación necesaria para ocuparlo, se le penalice quitándole la prestación.
“Tendremos que dar un paso más y si una persona que rechaza una oferta, cuando le han ofrecido formación para que tenga las cualidades necesarias, si es una persona que está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no“, reivindicó durante su participación en el foro Cita con EL MUNDO.
A día de hoy, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera una infracción grave que un desempleado rechace un puesto de trabajo que se considera adecuado para él y le penaliza quitándole la prestación durante tres meses. Si rechaza una oferta por segunda vez, se la quitan seis meses, y si lo hace una tercera vez, la pierde para siempre.
“Se considera infracción grave rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada”, recoge el organismo, que también considera de igual gravedad negarse a participar en los trabajos de colaboración social o en programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, ofrecidos por los servicios públicos de empleo, salvo causa justificada. Así como en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación (cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos).
En cuanto al Ingreso Mínimo, todos sus beneficiarios -salvo algunas excepciones- tienen un plazo de seis meses para apuntarse como demandantes de empleo, tal y como recoge la ley por la que se regula su funcionamiento, pero no existe ninguna penalización si rechazan una oferta recogida en la norma. Sí se prevén sanciones si los beneficiarios no participan en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los únicos beneficiaros que no tendrán que apuntarse como demandantes de empleo son los que estén cursando estudios reglados y tengan menos de 28 años -cuando los cumplan sí tendrán que cumplir ese plazo-; los que hayan suscrito el convenio especial con Seguridad Social como cuidadores de las personas en situación de dependencia; los mayores de 65 años o los que estén cobrando una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva; los que estén afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento; y los que tengan reconocida una situación de dependencia.
A Pepe Álvarez, el sistema de penalizaciones vigente no le parece suficiente y pide que el Gobierno dé un paso más y endurezca estas sanciones. La solicitud se asemeja a la que manifestó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la campaña electoral, cuando advirtió de que eliminaría el subsidio de desempleo y la Renta de Ciudadanía -similar al IMV- a cualquier parado que rechazara un oferta de trabajo.
Además se ha mostrado muy crítico con el SEPE, del que dice que “se ha convertido en un mero registro”, sin hacer políticas de empleo y sin contribuir a la recolocación de los tres millones de parados del país, lo que provoca que haya puestos vacantes y que el Ejecutivo opte por la contratación en origen en otros países en sectores como la construcción, a la que también se opone.
“Hay tres problemas: uno, que las personas que deberían ocupar esos puestos estoy seguro que no reciben la oferta de trabajo; dos, que no tenemos orientación en los servicios de empleo justamente para ir formando a las personas en esas especialidades que van a ser necesarias; y, tres, porque en lugar de ir a buscar personas a cualquier país, que en estos momentos están viviendo más o menos felices y que no tienen ninguna perspectiva de salir de su país, es más productivo coger a los parados, formarlos y que entren a trabajar”, defendió este jueves.
El secretario general de UGT pidió recursos, medios y esfuerzos para que los parados tengan la oportunidad de tener un puesto de trabajo y comparó la situación de España con la de otros países. “En los países del norte de Europa a los que tanto miramos, cada persona que se ocupa de la orientación de los trabajadores en paro tiene a entre 100 y 200 a su cargo, en España tienen a 2.500 cada uno, es imposible que les ayuden a encontrar empleo”, lamentó.
“No se puede decir que no hay trabajadores para la construcción en España cuando hay 3 millones de parados, seamos serios, que estos procesos de formación no necesitan años, que son sencillos y nos podrían permitir ocupar a muchas personas en nuestro país. ¿Que hay un problema porque las vacantes no están en el mismo lugar en el que se ubican los desempleados? Pues pongámonos a trabajar, a lo mejor es preferible pagar un salario por desplazamiento que ir a otro país a por esos trabajadores cuando a lo mejor ni se lo habían planteado”, propuso.
Fuente: https://www.elmundo.es/economia/2023/03/10/640a11c821efa02f288b45a0.html
